Kevin B.

Enrique Olaya Herrera

«Excelentísimo señor Presidente del Senado de la República:

Al prestar el juramento que la Constitución Nacional prescribe para tomar posesión de la Presidencia de la República, renuevo en forma solemne los compromisos que tengo contraídos en repetidas declaraciones ante mis conciudadanos, de servir con toda devoción los intereses nacionales, proteger con firmeza los derechos y libertades de los colombianos, trabajar con celo por el bien público y el progreso general y cumplir fielmente la Constitución y las leyes que son la expresión de la voluntad soberana del pueblo. Un movimiento de la opinión pública cuyo poderío tuvo su definitiva expresión en las urnas, buscó para regir los destinos de la República el nombre del ciudadano que hoy asume la primera Magistratura del Estado, no porque en él concurrieran méritos o condiciones que en más revelante (sic) forma adornan a otros hijos de la Patria, sino porque ante el llamamiento que sus conciudadanos le hicieron al pedirle que aceptara la postulación para este puesto de honor supremo y de grandes responsabilidades, sintetizó sus aspiraciones e ideales en fórmulas de conciliación y de paz que sirvieran de base para juntar a los colombianos en un esfuerzo solidario, capaz de dar cada día mayor fuerza y engrandecimiento a nuestra nacionalidad.

En palabras elocuentes os habéis referido a tales fórmulas para preconizarlas y hablando como lo hacéis a nombre del Congreso de la República, vuestra voz ha de ser considerada en todo el país como una manifestación excepcionalmente significativa de esos sentimientos, en los que hoy se confunden nuestros espíritus dándoles fe y confianza en el porvenir.

Estamos haciendo desde hace lustros un gran ensayo de legalidad, libertad y democracia que aún más allá de las fronteras patrias se sigue con interés, y para que subsista inconmovible, requiere que sea fecundo en frutos de paz, de progreso y bienestar. Los pueblos pierden la energía para sostener las soluciones de libertad cuando ellas no se traducen en prosperidad y en justicia para todos. La obra es compleja y sus soluciones no pueden ser materia de improvisación. Para alcanzarles con acierto no basta siquiera el entusiasmo: es preciso que a la rectitud de propósitos y al desinterés de las intenciones se junten la capacidad y la preparación para resolver los problemas colectivos, sin lo cual corremos riesgo serio de incurrir en equivocaciones de la mayor gravedad.

Hay felizmente una base sólida de la cual partiré para la coronación del esfuerzo
en que nos hallamos empeñados.

La evolución que la República viene siguiendo reafirma cada día el concepto de respeto a la autoridad y a la ley, la conciliación entre las diversas fuerzas sociales y políticas, la adhesión a la paz como norma suprema y el estudio sereno y científico como criterio para resolver las cuestiones económicas, políticas y sociales.

Han desaparecido paulatinamente las más ásperas divergencias que antes separaron a los partidos políticos constituyendo en ocasiones causas de angustia y de zozobra. Hemos llegado a adquirir como base indestructible la aceptación unánime del Estatuto Constitucional vigente, el cual prevé la manera como hayan de efectuarse las reformas que para su perfeccionamiento vayan aconsejando el tiempo y una madura reflexión, de modo que cada día más podamos sentirnos satisfechos de la correcta y pacífica actividad de las diversas fuerzas políticas. No es ciertamente uno de los menores beneficios, antes bien, es uno de los más grandes, la armonía existente entre el Estado y la Iglesia, que permite a las dos entidades seguir marcha no sólo paralela y amistosa sino también, dentro de la legítima esfera de cada una, de cooperación fecunda para el bien de la Patria que se ve así rodeada por el fuerte apoyo que dé la organización y el respeto mutuo de ambas potestades, la civil y la eclesiástica.

Ese progreso que nos da el terreno común sobre el cual levantamos el hogar político y espiritual de los colombianos ha sido la obra de varias generaciones y a ello han dado su aporte los diferentes partidos y las varias fuerzas que han actuado en la formación de nuestra nacionalidad.

Es una obra eminentemente colombiana, resultado de la abnegación de unos y otros, de la cordura de todos y pudiéramos agregar que es como la resultante de una dolorosa experiencia que nos enseñó cómo, por errores en que también llevamos todos nuestro lote de responsabilidades, pedimos en la primera centuria de nuestra vida independiente, preciosas oportunidades para engrandecernos y hacernos fuertes. Tengamos fe, porque los hechos que estamos presenciando nos dan derecho a ello, en que el segundo siglo de la historia de Colombia, próxima a iniciarse, marcará un período ininterrumpido de paz, de sincero entendimiento, de trabajo fecundo, de auténtica y vigorosa fraternidad.

En el desarrollo de las fuerzas creadoras del país hemos conquistado la consagración de la unidad nacional que no sólo debe ser precepto constitucional sino sentimiento hondamente arraigado en el ánimo de todos los colombianos.

Con esa inspiración, llevada a la realidad, seremos un haz poderoso de voluntades; sin él degeneraríamos en grupos anárquicos heridos de mortal debilidad, incapaces de inspirar respeto en el exterior ni de lograr en la organización interna, bien ni grandeza alguna. Cuando quiera que una tendencia de intereses locales se pone en pugna con el interés nacional o logra contrariar a éste, lejos de servir a la misma aspiración regional que tome como bandera, le cierra el camino y en definitiva la condena al fracaso. Es arraigada convicción más que uno de los grandes propósitos que en la actividad política deben guiar la acción de los Congresos, de los partidos y de los ciudadanos, es el de vigorizar los vínculos de la unidad nacional, aniquilando todo deseo que fomente o mantenga conceptos y aptitudes que coloque el seccionalismo como obstáculo en el camino del engrandecimiento nacional. Aniquilando ese error, matando sin piedad cualquier germen de esa tendencia, servimos no sólo el bien de cada región, sino el de todo el territorio patrio. Felizmente Colombia ha sido dotada de elementos de
prosperidad tan grandes, que hay campo sobrado para el engrandecimiento de todas las regiones que están dentro de nuestras fronteras.

La precipitación en querer colocar unas aspiraciones sobre otras o el asumir actitudes irreductibles o intransigentes para el logro de un ideal de progreso regional, siquiera sea el más noble y justificado, constituye un error de criterio y cierra, en vez de abrir, la senda del éxito. Lo importante es el estudio metódico de los problemas que ante nosotros se presentan, con la conciencia que haciéndolo así el buen suceso llegará irremisiblemente. Un lustro o una década es brevísimo lapso en la vida de un pueblo, los hijos de él que sepan amarlo deben tener la virtud de la serenidad o si se quiere de la paciencia, para que la realización de sus deseos sea proceso ordenado, tranquilo y armónico, no desenvolvimiento de antagonismos que harían nuestra marcha, incoherente y estéril.

En la formación del espíritu nacional tienen nuestras clases políticas –las que se consagran especialmente a dirigir la opinión, a administrar la cosa pública, a dictar las leyes– una responsabilidad inmensa. Por razón de las circunstancias en que nos hemos constituido en Nación libre e independiente, aquellas clases modelan, podemos decirlo así, la fisonomía, el alma, de las masas populares que no tienen por sí mismas elementos suficientes para formarse un juicio propio y siguen por ello la palabra de propaganda de los dirigentes de la política. La formación de cultura nacional ha tenido grandes vacíos y es hecho señalado por observadores imparciales que falta entre nosotros el desarrollo de una clase media bastante extensa, influyente y moderada para que sea como eslabón entre los elementos directores, dueños de la preparación intelectual o de la fortuna y las grandes masas de nuestra población que no han salido del analfabetismo o que tienen en la propiedad de la tierra un elemento que les sirva de punto de partida para que ellos y sus hijos vayan ampliando sus horizontes, levantando su nivel de vida y siendo factores de paz y de tranquilidad, células vivas de una democracia que aspira y quiere vivir al amparo de la libertad, que no es motín, y del orden, que no es la represión.

El cumplimiento de estas aspiraciones requiere un esfuerzo que cubre vastos y diferentes campos. En muchos de ellos el terreno está preparado para esperar cosechas óptimas. Somos un país de estructura netamente civil y nuestro Ejército es y debe continuar siendo meramente el reflejo de la Patria que mantiene una institución armada para la defensa y la protección de sus derechos y de sus intereses legítimos. Una tradición que viene desde los días gloriosos de la Independencia ha puesto en alto el ánimo viril de los colombianos y nuestro espíritu se siente orgulloso al poder mostrar ante propios y extraños que los Jefes, Oficiales y soldados que llevan el uniforme de la República y en cuyas manos está el pabellón de la Patria, son guardianes fieles de la Constitución y de la ley, centinelas leales del tesoro de paz y de respeto al derecho que la República ha puesto bajo su salvaguardia. Completar esa obra, que tan sólidas y honrosas bases tiene ya; perfeccionar la reforma militar y asegurar definitivamente al Ejército su carácter de Ejército Nacional, superior a los partidos, alejado de la política,
plenamente digno por su austeridad, eficiencia y la capacidad de sus Jefes y Oficiales, de la adhesión y el respeto de la República entera, es uno de mis mayores anhelos y será objeto de preferente atención para el Gobierno que se inicia.

La historia de las relaciones exteriores de la República muestra que al terminar el primer siglo de nuestra Constitución como Estado independiente, hemos llegado a solucionar complicados problemas y así podemos considerar, con seguridad plena, la marcha internacional del país. Una obra en la cual se han juntado prestigiosos hombres de todos los partidos políticos y de todas las secciones del país ha conducido a la eliminación definitiva de las controversias sobre límites que por mucho tiempo preocuparon a nuestros estadistas. Todas las fronteras están fijas y sólo nos anima un espíritu de amistad y de cooperación con las naciones vecinas, que fueron y son nuestras hermanas y con las cuales se junta nuestro esfuerzo en la magna lucha de la emancipación. Situados en una posición geográfica que es casi privilegiada, debemos aspirar a ser en América un factor de colaboración y
hermandad y servir, cuandoquiera que ello fuere posible, la causa del acercamiento entre las diversas naciones de nuestro continente.

El desarrollo político y económico del hemisferio occidental nos pone cada día más cerca de la primera Nación que en él se constituyó como Estado independiente y soberano, los Estados Unidos de América –cuya ejemplar organización democrática y cuyo maravilloso desarrollo de todo orden de hecho la erigen en un poderoso y eficaz cooperador para el progreso de estos pueblos nuevos. Una experiencia de varios años me ha permitido conocer de cerca aquella Nación y adquirir en el trato de sus hombres eminentes y directivos de la persuasión de que ellos quieren, como queremos nosotros, una política de cooperación mutua, de amplio y amistoso entendimiento, que dirigida con sinceridad y decisión habrá de
traducirse en grandes beneficios recíprocos que irán creciendo con el andar de los tiempos. La Administración Ejecutiva que hoy se inicia quiere servir con franqueza y lealtad a esa política.
En el curso de nuestra vida internacional han ido ensanchándose nuestras relaciones intelectuales y de comercio con las Naciones europeas, de muchas de las cuales hemos recibido un valioso aporte de cultura, enseñanzas de libertad y de progreso y contribuciones a nuestro desarrollo científico que conviene intensificar.

En lo que toca a la actividad exterior de la República, aparece con caracteres de importancia la orientación que atañe a los mercados que necesitamos tener abiertos en condiciones equitativas en el exterior para nuestra producción. Nuestros artículos de exportación van casi en su totalidad a países que no son competidores nuestros, sino que los reciben ya para emplearlos como materia prima en sus industrias, ya como artículos alimenticios, esto es, como efectos de primera necesidad.

Conviene por consiguiente estudiar las tarifas que sobre ellos pesan en los diversos países con los cuales mantenemos relaciones de comercio, pues si bien no es adoptable en forma absoluta el principio de comprarles a quienes nos compren, que algunos preconizan, sí es de todo punto conveniente entablar conversaciones con los gobiernos de las Naciones que tienen gravados nuestros
productos, como el café, los bananos y otros, con aranceles mucho más pesados que los impuestos a esos mismos artículos en países competidores de aquellas naciones en nuestros mercados, países que admiten libremente nuestras exportaciones o las gravan sólo en forma muy ligera.

Aunque una gran parte de nuestros tratados de comercio consagran la cláusula de la nación más favorecida y aunque ese principio tienda a extenderse en el trato comercial internacional, es lo cierto que hay por nuestra parte pleno derecho para llamar la atención amistosa y ver de iniciar negociaciones con los Gobiernos de aquellos países que someten a pesados impuestos de importación nuestros productos o les cierran, en algunos casos, la entrada a fin de que tal situación tenga término. La nueva organización política de Europa, después de la Guerra Mundial, dio nacimiento a Estados de considerable población y apreciable producción industrial que tienen establecido el sistema de doble tarifa, de los cuales somos clientes y pudiéramos ser proveedores, y con los cuales no hemos celebrado todavía tratados de comercio. Como otros países productores de artículos tropicales o cuyas posiciones coloniales los producen, sí han tenido el cuidado de asegurarse la tarifa mínima, los nuestros quedan excluidos y nosotros en la situación de compradores de quienes tienen casi cerradas sus puertas para nuestra producción. Hoy, más que nunca, la actividad diplomática tiene una base económica, puesto que los intereses de esta clase conducen al mundo y es un deber de previsión organizar nuestros servicios y nuestra acción en el exterior en forma que proteja los intereses del comercio nacional de importación y exportación.

Lo relativo a la situación económica de la República y por obligada e inevitable repercusión a la situación financiera es el punto que demanda más urgente estudio y que necesita la inmediata atención del Congreso y del Gobierno Nacional. Después de un período de prosperidad que alcanzó cerca de un lustro (1923 a 1928) ha venido por adversas circunstancias y por errores que han coincidido con ellos, un período de depresión que mantiene a las clases empresarias y trabajadoras en continuo riesgo de pérdidas y fracasos en los negocios, creando, además una situación de inquietud para las masas obreras. El Fisco a su vez ha sentido el contragolpe de tal situación con una considerable disminución de sus ingresos. Por todo ello, nuestro país confronta hoy problemas estrechamente ligados y cuyo estudio es imposible separar en absoluto uno de otro si queremos llegar a una solución armónica y eficaz en el conjunto. Esos problemas principales de cuya acertada y completa solución dependen los medios indispensables para realizar la vasta y completa obra cultural y social que el porvenir de la Patria reclama, son, en orden de urgencia:

Primero. La presente situación fiscal de la Nación, los Departamentos y los municipios.

Segundo. El problema del petróleo o en un sentido más amplio, el problema que entraña el aprovechamiento de los recursos del subsuelo del país.

Tercero. La situación del café que por la caída de los precios de este artículo en los mercados mundiales, ha venido a afectar en forma muy seria nuestra balanza de cuentas en el exterior.

Cuarto. El desarrollo de las obras públicas y especialmente de las vías de comunicación y medios de transporte.

Al estudiar la situación fiscal hay consentimiento unánime en reconocer que es preciso abordar la situación, sin demora y con valor. Una política de economía y de orden tiene que ser nuestro principio director al cual nos ajustemos inflexiblemente. Equilibrar el presupuesto; administrar con eficiencia los haberes de la República, como son, para citar un ejemplo, los Ferrocarriles Nacionales, considerados por quienes han estudiado el problema como fuente de halagüeña remuneración para el fisco, mediante una organización que los coloque sobre bases técnicas y comerciales para su administración; limitar el uso del crédito en el exterior a una proporción racional con las rentas que la República vaya percibiendo, como en los grandes mercados del dinero predomina con razón el concepto de que una buena gestión administrativa y financiera nos conduciría por caminos de restauración y aun de prosperidad, las medidas legislativas que cubran y resuelvan satisfactoriamente aquellos puntos, pueden servir de base, en plano no remoto, para la financiación de las obras públicas que hayamos de continuar desarrollando y a lo largo del programa definido que se adopte después de un estudio técnico del asunto. Esto que es una verdad evidente respecto de la Nación, resulta igualmente incontrovertible para los Departamentos que necesitan proceder con gran reflexión y estudio antes de extender sus compromisos más allá de lo que han hecho en los últimos años, bajo pena de verse en dificultades que herirían grandemente su porvenir económico y fiscal. Tal observación con respecto a ellos, debe hacerse especialmente enfática con respecto a las obras que hayan recibido subvención o auxilio nacional, ha habido extremada generosidad en subsidios de esa especie y hemos girado sobre el porvenir con meditada largueza a la cual es preciso poner límite si no queremos llegar a zonas peligrosas en el uso del crédito, de las cuales no podríamos salir sin daño para el futuro de la República. En esta labor de llevar orden y claridad a las fianzas nacionales, debe hacerse una investigación completa para determinar los compromisos del Gobierno de modo que estemos en posesión de cifras precisas e indispensables. Tal medida será un fundamento apropiado a la futura acción legislativa en materia de compromisos pecuniarios y servirá a las instituciones de crédito en el exterior como documento auténtico de nuestra real situación fiscal.

La Administración Ejecutiva que hoy termina acogió patrióticamente el pensamiento que me permití sugerir hace algunos meses para contratar una Misión de Expertos Financieros que complemente y revise las reformas y organización cumplidas en 1923 y consagradas entonces en forma legal. Esta
nueva misión estudiará la política bancaria y monetaria, la organización del sistema tributario, la del crédito público externo e interno y la administración de las aduanas, el presupuesto, la contabilidad y el control fiscal, puntos todos que servirán, al ser bien resueltos, para mejorar nuestra posición financiera.

En parte muy considerable nuestra rehabilitación económica dependerá de la acertada explotación y aprovechamiento de nuestros recursos minerales, entre los cuales el petróleo es uno de los más importantes. Es indispensable acometer una acción legislativa bien meditada y que tenga como objetivo armonizar las conveniencias y rendimientos del Estado con los legítimos intereses del capital que quiera comprometerse en aquellas empresas. Por la cuantía considerable que demanden tales explotaciones, será preciso, en éste como en otros ramos, estimular la inversión de capitales extranjeros mediante disposiciones que los atraiga por la equidad de ellas y por la seguridad que impartan. En esto último debemos recordar con satisfacción que la tendencia tradicional de la política y de la legislación colombiana han sido la de abrir el país al progreso sin hostilidad alguna para quienes vengan de otras naciones a colaborar en nuestro desarrollo material bajo el imperio de las leyes nacionales que tienden a la protección de todo derecho. Hemos de proceder con claridad y prudencia en nuestros compromisos
negociando con entidades serias por su reputación y poderío financiero y evitando el camino de los litigios en el cual poco bien podemos esperar. Y no es uno de los menores atractivos que al capital extranjero podemos ofrecer, el que brinda la estabilidad política de la República y la correcta organización y funcionamiento de las instituciones judiciales a las cuales se ha rendido en solemnes ocasiones el merecido tributo por su imparcialidad insospechable. Debemos mantener en alto como bien precioso ese favorable concepto de lo que son y han de ser nuestros tribunales al administrar justicia, pues representa un elemento fundamental de confianza.

En los contratos que la Nación celebre ha de usarse celo y cuidado para la protección de sus intereses, al propio tiempo que hemos de tener la buena fe como norma en el cumplimiento de ellos.

En cuanto a la política del café que hayamos de seguir, ella depende principalmente del curso que llevan las medidas que el mayor productor de ese artículo adelante para remediar la actual crisis. Cuatro parecen ser los puntos principales que comprenden este problema: normalizar la producción y las ventas teniendo en cuenta la capacidad de consumo de los mercados mundiales; disminuir el costo de
producción con la adopción, entre otros medios, de los mejores métodos de cultivo; mantener y aun superar la calidad del grano, por fortuna muy acreditado en el exterior; estudiar y combinar con las instituciones que conviniere, la mejor manera de ampliar el radio de consumo. La ayuda oficial que para tales fines pueda darse no será directa en todos los casos; pero sí podría, en cooperación con las entidades fundadas entre nosotros para la defensa del café, estudiar la forma en que la industria
puede ser beneficiada con un menor costo de los transportes terrestres, fluviales y marítimos y ver la forma eficaz como las agencias diplomáticas y consulares de la República puedan ser efectivos auxiliares en los trabajos e investigaciones que del problema y de sus perspectivas deben adelantarse.

En las circunstancias actuales un estudio que debe emprenderse es el de determinar si es o no aconsejable la expansión de la producción del café en nuestro país. Aunque la situación mundial del artículo permanece incierta debido al exceso de producción y a la acumulación de anteriores existencias, los cafés de Colombia continúan siendo consumidos en cantidades siempre crecientes. Pero aun reconociendo –como es evidente– que por muchos años, el café seguirá siendo nuestra más importante industria y el más valioso renglón de exportación, ha llegado el tiempo de pensar y organizar seriamente la producción de otros artículos exportables que permitan el incremento de las actividades agrícolas para obtener todo el provecho posible de nuestras tierras. El problema es complejo y no hay duda de que sólo después de algunos años será posible llegar a soluciones concretas y satisfactorias, pero para obtenerlas conviene que el Gobierno dé a estas cuestiones, así como a las comerciales en general, más extensión de la que hasta ahora se les ha concedido en la organización administrativa del país, siguiendo el ejemplo de otros Gobiernos que han hecho de los despachos de comercio y agricultura verdaderos y eficaces auxiliares de estos importantes ramos de la producción nacional.

Cuestiones como las suscitadas por la llamada Ley de Emergencia no pueden aplazarse por más tiempo. Es una desconsoladora anomalía la de ser importadores y consumidores de artículos que tienen en nuestro territorio su natural campo de producción. Hay un constante aumento en los grandes mercados del exterior para los frutos tropicales y los expertos en estas materias consideran que mediante un estudio científicamente organizado, podrían llegarse a formar grandes y remunerados mercados. Cada nuevo plan debe ser estudiado cuidadosamente y la importancia de esta rama de la administración encaminada a mejorar las capacidades productivas del país justifica de sobra el gasto que ocasionarán las investigaciones de competentes ingenieros agrícolas que podemos contratar en el exterior para la prestación de sus servicios.

Uno de los mayores problemas con que en todo tiempo hemos tenido que luchar ha sido la falta de adecuadas facilidades de transportes. Es hoy una de las más delicadas cuestiones que ante sí tiene el país. Autoridades financieras tanto en el país como en el exterior han repetido su concepto de que es una necesidad fundamental para Colombia formular un programa definitivo de obras públicas. Una parte muy importante de las rentas nacionales tendrá que consagrarse a la construcción de ellas y al mejoramiento de las facilidades de transporte y para atender a ello será necesario, con el tiempo, acudir al crédito externo. Tales proyectos no deben considerarse aisladamente, sino que necesitan, para evitarnos fracasos de los cuales tenemos ya costosa experiencia, que sean estudiados en conjunto, teniendo en cuenta las necesidades y conveniencias del país como un todo, siguiendo una línea de acción que comprenda un programa de construcción nacional por un período de cinco a diez años. Si así no se hiciere, tengo la impresión precisa de que no nos sería posible conseguir para tales fines créditos en el exterior en condiciones equitativas que permitan la rehabilitación financiera y económica del país.

Naturalmente será tarea difícil determinar cuáles de los muchos proyectos iniciados deben abandonarse, cuáles deben adelantarse hasta su conclusión y cuáles pueden ser realizados parcialmente. Para decirlo hemos de someternos a los resultados que se desprenden de los estudios que consideren y profundicen tanto la faz técnica como la financiera. Parece evidente que los rasgos esenciales del programa que se
adopte deben ser: primero, que él cuente con la aprobación del pueblo de Colombia como un todo; segundo, que tal programa se formule teniendo en vista el desarrollo de los recursos naturales del país en el más corto término posible; tercero, que la relativa preferencia de los varios proyectos sea determinada por la más inmediata compensación económica y comercial, y por último, que los proyectos contemplados se hallen dentro de capacidades del Gobierno Nacional y del de los departamentos.

En lo que toca a los medios de transporte debemos principiar a prepararnos para un nuevo factor que está surgiendo rápidamente, el de la comunicación aérea, el aeroplano se está desenvolviendo con gran rapidez ya como medio de comunicación para pasajeros y correos, ora en el campo del transporte de mercancías valiosas y de peso ligero. La formación geográfica del país, que ha hecho tan costosas y difíciles las comunicaciones, señala aquí la vía aérea como más esencial y más adecuada que en muchos otros países. En las próximas décadas, Colombia debe prepararse para un cambio revolucionario en gran parte de sus métodos de transporte. El Gobierno ha de entenderse con la Compañía de Aviación que existe en el país y funciona hoy con alto grado de eficiencia, para ver si en término tan próximo como sea posible se logra que sus servicios puedan extenderse a regiones importantes de la República, cuya comunicación con el resto del país es hoy lenta y difícil, como sucede con los extremos norte y sur de Colombia.

Estamos, merced a los progresos en ese ramo de la aviación comercial, en más estrecho y continuo contacto con los mercados extranjeros. Una legislación que desarrolle un programa general de disposiciones y estímulos para los transportes aéreos nos evitaría muchos de los errores en que han incurrido otros países. Tales medidas deben encaminarse, entre otros fines, a crear un sistema de campos de aterrizaje induciendo a los municipios a que den facilidades para ellos, llevando a su cumplimiento la ley expedida sobre la materia, de modo que el tráfico aéreo pueda realizarse en todo tiempo en condiciones de seguridad; a permitir a los aviones comerciales el empleo de las comunicaciones radiotelegráficas modificando en un sentido de mayor amplitud las disposiciones que actualmente regulan entre nosotros la materia, y por último, a adelantar entre el Gobierno y las compañías de aviación un estudio a fondo del problema en su conjunto, lo que beneficiaría grandemente al país. Tal trabajo corresponde lógicamente al Ministerio de Comunicaciones.

Podemos y debemos desarrollar una política activa para dar nueva expansión a la muy apreciable que ha logrado alcanzar la aviación comercial en Colombia.

Entre las grandes necesidades de la Nación se halla la de perfeccionar sus métodos educativos. Esa tarea principia en la lucha contra el analfabetismo que arroja entre nosotros cifras que tenemos el deber de disminuir. Nuestra juventud necesita estar prevista de los medios y elementos que le permiten salir convenientemente armada para la lucha por la vida, eximiéndola de la situación, por desgracia demasiado frecuente, que la esclaviza a la burocracia, esterilizando energías que bien encaminadas representarían para el país valiosos factores de bienestar y de independencia personal. Todo sistema democrático necesita, para una correcta y eficaz acción, una burocracia bien organizada a base de reparación y competencia, pero cuando la aspiración continua y no justificada por las actitudes para el desempeño de los empleos públicos constituye el objetivo de una inmensa porción de hombres que podrían hallar el éxito en otros órdenes de trabajo, la administración pública acaba por caer en manos de los menos aptos y lejos de formarse un personal de funcionarios competentes resulta que la Nación carece de verdaderos conocedores de ramos que afectan sus más fundamentales intereses en el servicio gubernamental. No debe ni puede olvidarse en este particular, la atención a la mujer, abriéndole la preparación para oficina y actividades que la libren de situaciones deprimentes y le permitan ser, a la par con el hombre, cooperadora eficaz en la obra del adelanto nacional. Algo habrá podido realizarse entre nosotros siguiendo el ejemplo del resto del mundo que ha abierto a la mujer campos nuevos de trabajo y de cultura, pero todavía queda mucho por hacer para que ella tome el puesto que le corresponde y ejerza con éxito en la formación de nuestra nacionalidad toda la influencia que debe tener. Simultáneamente debemos revisar las leyes que se refieren a la autonomía de la mujer casada, reforma que está justificada por fuertes razones morales y de conveniencia social.

Desgraciadamente, la actual crisis fiscal y económica no permitirá, por el momento, dar a la educación pública un impulso adecuado; pero dentro de la medida de nuestras posibilidades el Gobierno se preocupará por obtener el mayor rendimiento posible de los recursos disponibles, en beneficio de la instrucción.

La lucha contra el analfabetismo, la enseñanza técnica y agrícola y la enseñanza universitaria son los tres grados ascendentes de este problema, que, siempre en la medida de lo posible, como queda dicho, debemos estudiar con decidido entusiasmo.

El Gobierno, aun en períodos de relativa prosperidad, no puede por sí solo desarrollar la integridad de su programa. Pero sí debe y puede apelar a la Nación en solicitud de concurso y promover un gran movimiento de la opinión en pro de la educación nacional. Uno de los medios más eficaces para el logro de este ideal podría ser el de una campaña nacional, una gran cruzada del alfabeto, que predicada por el Gobierno, se propague por todos los ámbitos de la Patria y enrole en filas entusiastas a todas las fuerzas morales y sociales del país, como son el clero, la mujer, la prensa y las clases de cultura intelectual que entre nosotros tiene un papel directivo y una grande influencia moral. Una ley de autorizaciones para organizar dicha cruzada y promover suscripciones voluntarias para construir escuelas, para establecer premios honoríficos a quienes, fuera de la escuela, comprueben haber enseñado a escribir a un determinado número de adultos y otras medidas de parecido alcance, creo que sería acogida con simpatía por toda la Nación y produciría frutos de los que se recogen con el tiempo. Dentro de los reducidos recursos del erario, algo se podrá intentar en la reforma de la escuela media, en el sentido de hacerla más práctica, más cercana a la vida. Sería medida de trascendental importancia obtener que al lado de la instrucción secundaria se enseñase a los hijos del pueblo un arte o un oficio, principalmente entre ellos el de labrar la tierra por métodos modernos y con adecuado rendimiento. Otra medida cuya iniciación es aconsejable, es la de enviar un cierto número de obreros al exterior, con el fin de que aprendan el manejo de las herramientas modernas, y los más avanzados métodos de la técnica obrera, entre sus compañeros de trabajo. Esto satisfaría no sólo una imperiosa exigencia de la economía nacional, sino también una alta aspiración de justicia social, en cuanto al pueblo vería que también para él existe la oportunidad de conocer y usar los métodos modernos de trabajo que hacen éste menos penoso y más remunerador.

Conviene procurar la más completa preparación de las clases dirigentes para el manejo de los asuntos públicos. El desarrollo económico del país nos ha puesto en presencia de problemas complejos sin tener un personal suficientemente preparado para resolverlo. Ello se podría remediar en gran parte con dos medidas: una de ellas el envío sistemático de jóvenes al exterior, a cursar en institutos adecuados, seleccionándolos por medio de concursos y otras pruebas que aseguren una escogencia acertada. Y la otra, con la creación en nuestra Universidad Nacional de la Facultad de Ciencias Económicas y Políticas, independiente de la Facultad Jurídica. Un instituto dedicado a la enseñanza de la economía, de la hacienda, de la estadística, de la demografía, de la geografía política, de la legislación del trabajo, de
la sociología, modificaría favorablemente nuestro modo de considerar la política como juego de intereses personales y de pasiones y no como ciencia. Se debe dejar la carrera jurídica para los que tengan intención de dedicarse al foro y crear la carrera de la administración pública destinada a los que tienen vocación para gobernar el Estado y quieran aprender a gobernarlo. La protección de la salud y de la vida es, por ciertos aspectos, una obra de educación. Parece indispensable colocar en primer plan la organización de las campañas sanitarias que nos libren de los grandes flagelos que aniquilen las energías físicas y mermen el valor económico de nuestra población. Quienes entre nosotros se ocupan en estos problemas sociales señalan con alarma el aumento de la tuberculosis cuya creciente propagación constituye un gravísimo peligro y si no se procede a emprender una obra de preservación social por los medios que los higienistas aconsejan, la lucha contra esa enfermedad alcanzará tal magnitud que, a juicio de autoridades en la materia, se haría muy difícil realizarla con buen resultado.

En las preocupaciones por la sanidad pública debe ocupar puesto principal la higienización de nuestras principales ciudades y para el logro de tal propósito parece indicado proceder al estudio de las reformas que en nuestro régimen municipal podrían introducirse para lograr que sólo esté incluido y dirigido por consideraciones que conduzcan al bien de todos los habitantes de los respectivos Municipios.

En este punto merece atención especial la capital de la República, pues cuanto hagamos por mejorar sus condiciones de sanidad y de ornato es obra que tiene un carácter nacional como que Bogotá a más de ser el asiento de los altos poderes públicos y residencia del Cuerpo Diplomático acreditado ante el Gobierno de la República, es el centro principal a donde acuden miles de estudiantes de la Nación
entera y numerosos visitantes de todas las regiones del país. No es posible que nuestra capital continúe careciendo de adecuados servicios de agua, luz y otros indispensables de una ciudad moderna. En la adopción de las medidas que pongan fin a tal estado de cosas, debe estar interesado nuestro orgullo de colombianos.

Se deja sentir a veces en la República entre las agrupaciones obreras de los varios Departamentos un malestar o una inquietud que no han cristalizado todavía en expresiones concretas; pero que no pueden menos de señalarse para buscar la causa que produce esos fenómenos sociales y llegar hasta ella para modificarla en el sentido más conveniente a los intereses de la Patria asegurando en todas las esferas
de la actividad colombiana el libre juego de la justicia. Esto no puede conseguirse sino por medio del estudio pormenorizado y reflexivo que se haga de todas las circunstancias concurrentes, inclusive la que algunos señalan cuando afirman que en la construcción de las grandes obras públicas no sólo separó a los labriegos de la tierra sino que trocó sus hábitos anteriores por nuevas aspiraciones, lo que debe ser
cuidadosamente estudiado como factor de reciente creación y sea cual fuere la opinión que sobre ello se tenga. A mi juicio, el esfuerzo oficial y la iniciativa privada, especialmente la que pueden desarrollar las grandes compañías o corporaciones, podría contribuir a disipar la inquietud que en algunos cuerpos trabajadores se manifiesta, estudiando la manera de poner en planta medidas de previsión social, como son la difusión de los sistemas de seguros, las facilidades para la extensión de la pequeña propiedad, el estímulo para las instituciones de ahorro, la fundación de cooperativas de crédito y consumo y por último –elemento esencial para defender la vida y salud de nuestras poblaciones– impulso organizado y serio, de la construcción de habitaciones económicas e higiénicas en las ciudades y en el campo.

La legislación vigente de Colombia, elaborada en sus líneas generales hace más de medio siglo, no ha reglamentado hasta ahora las relaciones jurídicas, económicas y sociales a que da lugar el trabajo en los países que alcanzan un desarrollo económico considerable. Para evitar las conmociones públicas aconseja la experiencia tratar de transformar las tendencias combativas de las masas en un esfuerzo de organización.

Dictar un cuerpo legislativo de previsión social que encauce los anhelos de los trabajadores dentro de las vías legales y que constituya un régimen equitativo y estable para los dos grandes factores de la producción e impulsar –ampliándola– la labor de la Oficina General del Trabajo, sería quizás dentro de las actuales perspectivas nacionales, un acertado programa de acción.

Cuando tendamos nuestra vida hacia los horizontes de la Patria y contemplemos lo que ha de ser el futuro de nuestra nacionalidad, resulta fácil comprender que la obra por cumplir no sólo excede el período de una administración ejecutiva, sino que abarca la vida entera de una generación. Mas no estaría bien desmayar porque la tarea que haya de cumplirse sea compleja y larga y presente dificultades que no tenemos para qué disimularnos. Lo cierto es que disponemos de elementos que bien aprovechados conducirán a un éxito final de los destino de la República. Entre esos factores se halla el de la sana orientación de nuestra educación cívica, de la cual hemos dado recientes pruebas siendo una de ellas el respeto y acatamiento que a la ley, a la voluntad popular, expresada por medio del sufragio, rindió el eminente ciudadano que ocupó en los últimos cuatro años la Presidencia de la República, y quien al proceder en esa forma sentó un ejemplo que honra al país y lo coloca en alto puesto entre las democracias de América.

Perfeccionar cada día esa educación cívica, al amparo de las libertades públicas, que la procuran y robustecen; vigorizar las instituciones republicanas, generosamente comprendidas y sinceramente practicadas; trabajar y velar por la pureza del sufragio, por la libre y honrada expresión del querer popular; hacer de las libertades y garantías constitucionales y de los derechos ciudadanos una realidad viva y fuerte, igual para todos y benéfica para todos, será norma de mi Gobierno y estoy cierto que
en ese camino, él contará con el respaldo inequívoco de la opinión pública. Como esencial fundamento necesitamos que las voluntades se junten en un propósito firme de cerrar el paso a los antagonismos de partido que tanto se exageraron otrora y que impulsaron a los unos y a los otros a fratricidas contiendas; a las rivalidades regionales; a los amargos recuerdos de pugna que en épocas pasadas se levantaron
como muralla en el camino por el cual ha de transitar libre, próspero y ordenado, el pueblo colombiano. La palabra de concentración patriótica nacional no debe ser mera frase de una campaña electoral, sino realidad que arraigue en todos los espíritus y marque una tregua en las luchas de los partidos políticos para señalar un período de solidaridad en el esfuerzo que ha de echar las bases del engrandecimiento nacional. En esta hora solemne de la vida de la República, el ciudadano que ante vosotros presta el juramento de servir con la lealtad a la Nación y de cumplir la Constitución y la ley, no encuentra mejor invocación para dirigirse a sus compatriotas que las palabras proféticas pronunciadas por el Libertador de Colombia, cuando hace un siglo hizo férvido llamamiento a la unión para conjurar la anarquía y mantener incólume la unidad de la Patria. Busquemos inspiración en ellas y podremos contemplar el
porvenir con serenidad y confianza. Si así fuere, Dios y la Patria nos lo premien; si no, El y Ella, nos lo demanden».